Descripción

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido hoy 6/6/2013 mantener la suspensión cautelar del pago de un euro por receta en Madrid mientras resuelve sobre el recurso que el Gobierno presentó contra la decisión de cobrarlo de la Comunidad de Madrid. El TC admitió a tramite el 29 de enero el recurso, que implicaba la suspensión provisional de la medida durante cuatro meses. Pasado ese tiempo, el tribunal ha decidido mantenerla alegando la "dificultad de reparación" que existiría si esta región siguiera cobrando la tasa y, finalmente, se declarase inconstitucional.
La Administración, señala el auto, "se vería obligada a arbitrar un procedimiento de devolución individualizado con unos costes de gestión que, incluso, podrían llegar a superar la cuantía recaudada".

El TC ha tomado esta decisión después de que hace un par de semanas optara por hacer lo mismo con el euro por receta de Cataluña, primera comunidad en adoptar la medida en junio del año pasado. No hay "razones que justifiquen una conclusión distinta", argumenta el TC. El tribunal ha dado así por válidos los argumentos presentados por el Abogado del Estado para pedir la suspensión de la tasa en Madrid, implantada el 1 de enero, al entender que afecta a un supuesto regulado por una ley estatal. A su juicio, las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece la Constitución.
Además, el Estado defiende que, a pesar de la reducida cuantía de la tasa, "puede erigirse en barrera que impida el acceso a la prestación farmacéutica de los usuarios con menos recursos y mayores necesidades", puesto que se suma al copago estatal. En este sentido, el TC mantiene que "los intereses generales y públicos, vinculados a la promoción y garantía del derecho a la salud, son intereses asociados a la defensa de bienes constitucionales particularmente sensibles". De igual modo, considera "virtualmente imposible" la posible devolución de las tasas cobradas en caso de que la medida se restituyera y finalmente fuera declarada inconstitucional.

Anticipándose a esta decisión, el presidente regional, Ignacio González, aseguró ayer que esperará hasta que la justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, algo que puede tardar años, y no volverá a implantar la medida aunque el TC levantara la suspensión, que nadie esperaba que hiciera.

[fuente: El País]